Recientemente, se publicó la última versión del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (TI). Chile obtuvo 66 puntos de un máximo de 100, ubicándose en el puesto 29 de 180 países y en el segundo lugar de Latinoamérica, detrás de Uruguay. Aunque Chile ocupa una buena posición relativa (superando a Portugal y España, y lejos del promedio latinoamericano), es preocupante que nuestro puntaje haya caído 7 puntos desde 2014.

El reporte de TI enfatiza la importancia de la independencia y transparencia de los sistemas de justicia en la lucha contra la corrupción. En los países que rige el estado de derecho y en donde los tribunales actúan con eficacia, existe una baja percepción de la corrupción. En países más corruptos, termina instalándose un ambiente de impunidad frente a quienes atentan contra la probidad.

En una exhaustiva investigación publicada el 2020, Espacio Público analizó la respuesta de los sistemas de justicia penal de cuatro países (Argentina, Brasil, Chile y Guatemala) frente a casos emblemáticos de corrupción (en Chile, asociados al financiamiento ilegal de la política).

La resolución de estos casos puso una enorme presión sobre el sistema de justicia penal chileno, incluyendo el Ministerio Público, el Poder Judicial e instituciones relacionadas (policías, SII, etc.). La buena noticia es que, salvo excepciones, el sistema parece haber actuado con independencia y salió mejor parado que en los otros países analizados. Sin embargo, se identificaron desafíos importantes, muchos de los cuales continúan pendientes.

Las presiones externas son patentes en los procesos de nombramiento de los fiscales y jueces, en los que intervienen los tribunales superiores, el Ejecutivo y, para el Fiscal Nacional y la Corte Suprema, el Senado. La opacidad de los procesos fomenta prácticas informales de intercambio de favores que, sumadas al alto quórum exigido, permite el ejercicio de influencias indebidas por actores políticos potencialmente afectados por investigaciones judiciales.

Otros factores de riesgo identificados fueron la cultura endogámica del Ministerio Público (que impide el reclutamiento de nuevos talentos), los conflictos de interés que pueden experimentar las cortes al resolver desafueros parlamentarios, los problemas de independencia interna del sistema de designación y promoción de jueces, y la traba que representa la exigencia legal de la querella previa del SII (órgano dependiente del Ministerio de Hacienda) para la persecución de delitos tributarios.

Si queremos mejorar los índices de corrupción de nuestro país y retomar el liderazgo de Latinoamérica, debemos salir de la lógica de las reformas meramente reactivas. Ello implica hacernos cargo de las debilidades que arrastra nuestra institucionalidad, reforzando su independencia y eficacia frente a futuros casos de corrupción.