Gran revuelo ha causado la formalización de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga. Como en otros casos de corrupción municipal (la lista es larga), sobran detalles para el escándalo: déficit fiscal exorbitante, millones gastados en excentricidades y reveladores audios de personas cercanas. La buena noticia es que los eventuales delitos se encuentran en investigación, lo que demuestra que, al menos en este aspecto, nuestras instituciones funcionan.

La institucionalidad municipal es especialmente riesgosa en materia de probidad. El amplio margen de discrecionalidad de los alcaldes y la gran cantidad de recursos administrados pueden ser, en buenas manos, una oportunidad para responder a las necesidades locales. Pero si sumamos la falta de controles efectivos (internos y externos), los problemas de profesionalización del empleo municipal y las lógicas propias de la política local, tenemos el cóctel perfecto para la corrupción.

Han sido muchas las recomendaciones propuestas para hacerse cargo de esta realidad, pero pocas se han materializado. A modo de ejemplo, según el Observatorio Anticorrupción de Espacio Público y Ciudadanía Inteligente, de las 21 áreas temáticas en las que la Comisión Asesora Presidencial de 2015 hizo recomendaciones, el ámbito municipal es que el que ha experimentado el menor avance (sólo un 34%, con nota promedio de 2,4).

Si bien es fácil caer en la desesperanza, este año puede presentar oportunidades de avance. Por un lado, se encuentra en tramitación en el Senado un proyecto de ley de integridad municipal que, aunque perfectible, contiene elementos interesantes: obliga a los municipios a adoptar planes de integridad sujetos a evaluación periódica, refuerza la independencia de la jefatura de la Unidad de Control, crea incompatibilidades para personal de las corporaciones municipales y fortalece las obligaciones de rendición de cuentas, entre otros aspectos.

Por otra parte, 2024 es año de elecciones municipales y, por tanto, una oportunidad para que la ciudadanía utilice su voto para premiar la integridad y castigar las irregularidades. Considerando la gran cantidad de casos de corrupción conocidos, es de esperar que la probidad sea un aspecto central de las campañas. La sociedad civil debe jugar un rol clave: exigir compromisos concretos de los candidatos/as y fiscalizar su cumplimiento.

Las municipalidades responden a gran parte de las necesidades cotidianas de las personas, convirtiéndose en la ‘tarjeta de presentación’ del Estado frente a la ciudadanía. Mejorar su probidad y eficiencia es un aporte al fortalecimiento de la institucionalidad frente a los actores que, al margen de la ley, compiten con el Estado por hacerse cargo de la realidad local.