Tras cuatro años de debate, el proceso constituyente terminó con un nuevo rechazo a la propuesta constitucional plebiscitada. Ni la Convención ni el Consejo fueron capaces de producir textos constitucionales que gozaran de aceptación política transversal y apoyo ciudadano mayoritario. Aunque el proceso sirvió para encausar, en lo inmediato, la crisis política posterior al estallido social, las causas que le dieron origen siguen presentes. Todos quienes participamos en el debate constitucional debemos evaluar críticamente el rol que jugamos en él e identificar las lecciones que nos deja para el futuro.

Con el término del proceso constituyente se extingue también este intento de acordar un nuevo pacto social para Chile. Queda la tarea de seguir buscando y creando espacios de diálogo entre distintos actores y sectores, ahora fuera del ámbito constitucional. Debemos aprender a valorar la diversidad que caracteriza al país y aceptar las profundas diferencias sociales, culturales y políticas que conviven dentro de él.

Finalizada la etapa de los grandes acuerdos, llega la hora de las políticas públicas. Si, por el momento, no somos capaces de alcanzar consensos fundamentales sobre nuestra vida social, aboquémonos entonces a trabajar en acuerdos específicos sobre temáticas concretas. Como muestra la encuesta “Chilenos y Chilenas Hoy” de Espacio Público e Ipsos, la ciudadanía sigue esperando que nuestros representantes respondan a sus problemas, tanto en relación a temáticas largamente arrastradas (salud, pensiones, seguridad, etc.) como a otras que han últimamente adquirido mayor fuerza (por ejemplo, migración).

Los desafíos que Chile enfrenta son cada vez más complejos, por lo que no admiten respuestas simples. Requerimos entender mejor los problemas que enfrentamos y lograr adoptar medidas – de corto, mediano y largo plazo – fundadas en evidencia y que sean sometidas a un proceso de evaluación y seguimiento. Ejemplificándolo con el problema de seguridad pública, tenemos que reconocer que para hacernos cargo de la crisis actual no basta con la mano dura y el aumento de las penas. Necesitamos identificar las características propias de las nuevas formas de criminalidad y adoptar medidas efectivas que apunten en particular a ellas, muchas de las cuales van más allá de la acción legislativa.

La generación de políticas públicas requerirá, inevitablemente, de una mezcla de realismo, rigor técnico y transparencia con la ciudadanía. Todos los sectores deberán adoptar una actitud generosa y flexible en la búsqueda de soluciones. La obtención de acuerdos acotados sobre materias específicas permitiría que nuestra política se empiece a poner al día con la ciudadanía. En el mejor de los casos, podría contribuir también a recomponer las dañadas confianzas entre los distintos sectores políticos. No es poco.