Los meses de verano son tiempo propicio para fijar nuevos propósitos, planificar el nuevo año y hacerse el tiempo de despejar las listas de pendientes, antes del ajetreo de marzo. En el caso del mundo político, en cambio, pareciera que en esta época los listados de cosas por hacer crecen y crecen.

No sólo existe la urgencia de responder a la ciudadanía dando tramitación a adeudadas reformas (por ejemplo, pensiones), sino que 2024 comienza arrastrando demoras en materia de nombramiento de cargos públicos. Aunque menos vistosas que la promulgación de leyes, estas decisiones son esenciales para el buen funcionamiento de las instituciones y el resguardo de la probidad.

Es así como los dos tribunales más importantes del país —la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional (TC)— están funcionando con un número reducido de ministros. En el caso del segundo, la situación es especialmente acuciante. A las dos actuales vacancias se sumarán otras dos en los próximos días. Esto implicará que, si sumamos todos los ministros (titulares y suplentes), apenas se reuniría el quórum para que funcione el pleno. Es de esperar que las gestiones de nominación en el Congreso rindan frutos. De lo contrario, nos encontraremos con que, si un ministro/a se va de vacaciones, el TC no podrá sesionar.

En esa situación de parálisis se encuentra el Consejo para la Transparencia. De un total de cuatro consejeros sólo hay dos en ejercicio, lo que significa que el consejo directivo no reúne el quórum mínimo para sesionar (tres). Es decir, hoy el Consejo no puede resolver las materias de su competencia (tales como reclamos por denegación de acceso a información pública) y sus pendientes se acumulan día a día, con graves consecuencias para la transparencia pública.

La Contraloría también se encuentra a la espera del nombramiento de su máxima autoridad. Aunque en este caso la ley permite salir del paso y continuar funcionando con la subcontralora, ello dista de ser una situación ideal. La posición de una subrogante conlleva el riesgo de reducir —en los hechos— la independencia y efectividad de la labor de fiscalización del Ejecutivo. Entre otras razones, porque es el propio Presidente quien interviene, junto al Senado, en la designación del próximo contralor o contralora titular.

Lo sorprendente es que todas las vacancias eran previsibles. Salvo circunstancias excepcionales, sabemos con exactitud la fecha en que finalizarán los periodos de estas autoridades. La situación actual es un signo más del bloqueo del sistema político (no es casualidad que en todas las designaciones referidas deba intervenir el Congreso) y nos habla de un sistema de nombramientos que merece una revisión. Para la ciudadanía, no queda más que esperar que el espíritu del año nuevo movilice a nuestros representantes a ponerse al día con sus listas de pendientes.