Carles Puigdemont ha quemado las naves. Dejó claro que volverá sí o sí de su exilio y si no es elegido presidente se volverá a casa (o a la cárcel, lo cual es bastante probable dado que los jueces mantienen el lawfare). Sus contrincantes electorales quieren presentar la candidatura de Puigdemont como una opción de interés personal, cuando es obvio que personalmente comportaba muchos menos riesgos y mucha mayor comodidad quedarse en Bruselas y repetir cinco años más como eurodiputado, pero eso sí que políticamente habría sido un fraude a sí mismo y a todo el movimiento de resistencia democrática que ha seguido a la represión del proceso soberanista y a todos los represaliados que todavía la sufren en los juzgados o en el exilio.

Cabe recordar que con una aplicación abusiva y chapucera del artículo 155 de la Constitución española no solo se destituyó al president. Se destituyó a todo un parlamento y un gobierno legítimamente constituidos, fruto de la voluntad democráticamente expresada por los ciudadanos y se alteraron las reglas del juego democrático en un intento suficientemente expresado de liquidar la disidencia. “El Estado pagará el coste de quitarse de en medio a Puigdemont”, declaró entonces Alfredo Pérez Rubalcaba, en paz descanse. Y Soraya Sáenz de Santamaría reivindicó el mérito de haber “descabezado” a los partidos........

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