Al empezar el maldito septiembre, el principal problema que necesita resolver la democracia española —si quisiera considerarse como tal— sigue siendo la rebelión del poder judicial contra el legislativo al negarse a aplicar leyes que forman parte de la voluntad democráticamente expresada por la mayoría de los ciudadanos. Sin embargo, han pasado las vacaciones de verano y una crisis institucional tan trascendente, casi podría decirse crisis de régimen, ha quedado relegada de los asuntos principales del debate político, de las reflexiones intelectuales y en la agenda de los medios. El lawfare de los tribunales ya solo interesa si afecta a la esposa del presidente. Parece como si no se pudiera hacer nada contra el bunker judicial y que tampoco hay que preocuparse demasiado, si a corto plazo, el perjudicado, no el único, pero el más conocido, se llama Carles Puigdemont. Después lo será todo el mundo.

La democracia se deteriora cuando los periodistas exigen a la policía mayor contundencia en la represión, en vez de interpelarla por sus excesos

Que colectivamente se han perdido escrúpulos y criterios democráticos es obvio, cuando el debate se centra en la no detención de Puigdemont y no en el lawfare del Tribunal Supremo. Es especialmente significativo cuando la inmensa mayoría de periodistas, en la conferencia de prensa más inverosímil, se lamentaban y atacaban a la policía por no haber sido lo suficientemente contundente con la represión y no haber detenido a Puigdemont. En cambio, apenas hubo interpelación alguna por una megaoperación que perjudicó y conculcó derechos fundamentales a ciudadanos en todo el país, más propia de la persecución de un asesino en serie que de un representante electo,........

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