Todo el mundo da por sentado, como una evidencia, que el juez García-Castellón intenta boicotear la ley de amnistía porque ejerce como agente del Partido Popular, pero quizás resulta que lo hace también en defensa propia ante la posibilidad de que lluevan sobre él varios casos de irregularidades en sus actuaciones. Algunos juristas han señalado que en otro país democrático, las actuaciones de García-Castellón serían al menos objeto de investigación. Envolviéndose con la bandera contra la amnistía, se garantiza el apoyo institucional de un poder judicial ya suficientemente decantado contra cualquier iniciativa que pueda surgir contra él por otras operaciones que serían tan escandalosas como difíciles de defender.

La batalla del Poder Judicial contra el Legislativo y el Ejecutivo solo acaba de empezar y todo es posible. Tenemos por delante varias comisiones de investigación en el Parlamento catalán y en el Congreso de los Diputados, de las que pueden surgir novedades documentadas susceptibles de ser judicializadas, algunas quizás tan injustificables que a según qué practicantes del lawfare les conviene atrincherarse por si acaso.

El comisario Villarejo es quien más interactuó con el juez García-Castellón, no solamente en la operación Catalunya sino especialmente en los casos que afectan a la corrupción del PP y a la persecución de Podemos. Se han publicado varios audios sobre esta relación y el comisario se prodigó en hacer declaraciones al respecto. Justamente García-Castellón es el instructor de la causa contra Villarejo. Hace pocos días, cuando Jordi Basté le preguntó a Villarejo sobre sus relaciones con este juez, dijo que nada podía decir ahora que pudiera molestar al juez que lleva su caso. Teniendo en cuenta que Villarejo tiene mucho material inculpatorio de todo el mundo que ha hablado con él, todo dependerá de cómo evolucionen los acontecimientos. De momento,........

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