Se anuncia una huelga de alquileres y he decidido escribir, hoy, sobre vivienda. En el juzgado de primera instancia donde trabajo llevamos centenares de desahucios cada año. Ni que decir tiene que ordenar echar de sus viviendas a los arrendatarios —a menudo por impago de rentas— es una de las situaciones más delicadas y duras que afrontamos en el juzgado. Claro que un propietario a quien no pagan las rentas desde hace más de un año y que tarda casi dos años, o más, en recuperar el piso seguro que también lo vivirá, él, como un sufrimiento. Probablemente más patrimonial que existencial, pero un sufrimiento, al fin y al cabo. El dilema está, pues, servido.

Dejémoslo bien claro desde un inicio: la vivienda es, y no puede dejar de ser, una problemática social inherentemente compleja. ¿Por qué? Muy fácil: porque tiene por objeto bienes que son, a la vez —y no pueden dejar de ser a la vez—, por un lado, de los activos económicos más importantes de toda sociedad moderna —de los que, por definición, se pretenderá extraer rédito— y, por el otro, los espacios donde las personas, sencillamente, viven. En derecho hablamos de bienes de primera necesidad. La vivienda es claramente uno de ellos: no podemos vivir a la intemperie. Nos hace falta, sí o sí, un techo. Un espacio donde no solo nos protegemos del exterior, sino donde, además, ejercemos efectivamente nuestra intimidad y, en definitiva, donde nos desarrollamos como personas. Donde erigimos un hogar, sea clásico, monoparental, monomarental o........

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