Como es notorio, la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha visto bloqueada durante más de cinco años. Se han sobrepasado con obscenidad los tiempos previstos en la constitución. ¿Quién lo ha provocado? De nuevo, el PP. Sabiéndose imprescindible —se requiere una mayoría de 3/5—, ha demorado el acuerdo a discreción. Ya lo tiene, esto, la derecha española: cuando obtiene la mayoría democrática, respeta los procedimientos y el funcionamiento ordinario de los órganos constitucionales. Cuando no la obtiene, concibe estrategias para entorpecer su tarea o, como en este caso, su renovación. Así perpetúa, más allá del mandato legítimo, una mayoría ideológica que, indebidamente prorrogada, deviene ilegítima.

El CGPJ es el órgano de gobierno de los jueces. No dicta sentencias ni resuelve casos, pero ejerce funciones muy relevantes. Como, por ejemplo, decidir qué jueces —Marchenas, Llarenas, Lamelas y compañía— llegan al Tribunal Supremo. Serán estos quienes juzguen a los cargos públicos a quienes se impute la comisión de un delito. Por eso, la elección de los vocales del CGPJ es tan golosa para los partidos políticos: se sobreentiende que, eligiendo al CGPJ, estás eligiendo, de modo indirecto, a tu futuro juzgador —o al de tu adversario político—. Y, claro está, si el elegido es más de tu cuerda, las opciones de salir ileso tú —o escaldado tu adversario— aumentan correlativamente.

Cinco años después de lo que tocaba, PSOE y PP se pusieron de acuerdo sobre el nombre de los veinte vocales. Pero, de repente, volvieron a saltar todas las alarmas. Al bloqueo político —ya superado— de........

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