La reciente decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona sobre la llamada trama rusa del procés ha dejado en evidencia la inconsistencia fáctica y la falta de rigor jurídico de una investigación que, durante años, ha sido alimentada por el Juez Joaquín Aguirre, fiscales, algunos políticos y ciertos medios de comunicación. La resolución del tribunal, al calificar los fundamentos del juez Aguirre como “divagaciones políticas, filosóficas y opiniones personales”, ha puesto el último clavo en el ataúd de una causa que nació más como un relato ideológico que como un proceso penal sólido. Pero lo más alarmante no es solo la actuación del juez, sino la complicidad de la Fiscalía, el acrítico eco mediático y la irresponsabilidad de algunos actores políticos que convirtieron una ficción en un caso judicial con consecuencias reales. 

Un aspecto que no debe pasarse por alto es el papel de la Fiscalía en todo este proceso. Mientras la Audiencia de Barcelona ha dejado claro que la investigación del juez Aguirre carece de base jurídica, la Fiscalía no solo nunca se opuso a las actuaciones del magistrado, sino que defendió la causa con firmeza. De hecho, en todas las fases del procedimiento, el Ministerio Público respaldó la investigación e, incluso, se opuso a los recursos que finalmente llevaron al cierre del caso. 

Más grave aún resulta que la Fiscalía haya considerado que en las actuaciones del juez Aguirre no hay signo alguno de actuación ilícita de ningún tipo. Es decir, no solo ha respaldado una investigación que, según la Audiencia, se sustentaba en opiniones personales y biografías irrelevantes, sino que ha blanqueado el uso arbitrario de recursos públicos oponiéndose a la admisión a trámite de nuestra querella contra Aguirre. Cabe preguntarse si la Fiscalía actuaba con independencia o si, como tantas otras veces, su papel ha sido el de un órgano más de legitimación de una ofensiva judicial contra el........

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