Esta semana, el Tribunal de Derechos Humanos hacía pública una interesante sentencia. En ella se ha condenado a España a pagar una indemnización, además de las costas procesales, por haber desoído a una paciente que no quiso recibir un tratamiento médico. Los hechos que se denunciaron son realmente preocupantes y, en mi opinión, lo que es inaudito es que las personas responsables de haber cometido semejante atropello, hayan resultado impunes.

Rosa, ciudadana de Soria, había declarado por escrito, en varias ocasiones, que se negaba a recibir transfusiones de sangre, si en algún momento fuera necesario. Llevaba siempre con ella un documento en el que lo hacía constar por escrito, pero además, en agosto de 2017, acudió ante el registro que la Junta de Castilla y León ofrece para dejar también allí su voluntad como paciente. El motivo de Rosa se encuentra en sus creencias religiosas, pero no hace falta que uno profese una religión para tomar la decisión que considere sobre su salud y su cuerpo.

La paciente tuvo una hemorragia interna y necesitaba ser intervenida de urgencia. En el hospital de Soria le recomendaron la transfusión, porque había perdido mucha sangre, pero ella mantuvo su voluntad y de nuevo, lo dejó por escrito. Fue cuando se le ofreció la posibilidad de ser trasladada a un hospital de Madrid, donde podrían intentar ayudarle con otros tratamientos. Mientras estaba siendo trasladada desde Soria a Madrid, acompañada por el médico que portaba el escrito en el que se hacía referencia a su negativa a la transfusión, el sanitario avisó al centro de Madrid que debería atenderla. Desde La Paz........

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