En días recientes, el Estado mexicano fue notificado de dos sentencias fundamentales por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Se trata de los casos de Ernestina Ascencio Rosario y Lilia Alejandra García Andrade. Dos historias distintas que, al leerse juntas, revelan una misma falla estructural: la incapacidad y muchas veces la falta de voluntad del Estado mexicano para investigar la violencia feminicida con verdad, diligencia y humanidad.

No se trata de errores aislados ni de simples deficiencias técnicas. Ambas sentencias exhiben un patrón persistente: instituciones que prefieren cerrar expedientes antes que incomodar al poder; autoridades que revictimizan, estigmatizan y abandonan; y un sistema de justicia que llega tarde, cuando el daño ya es irreparable.

Ernestina Ascencio Rosario era una mujer indígena náhuatl, monolingüe, de 73 años, habitante de la Sierra de Zongolica, Veracruz. Su edad, su género, su lengua y su origen indígena no fueron circunstancias accesorias: fueron elementos centrales en la forma en que sus derechos fueron vulnerados. Su muerte es uno de los ejemplos más brutales de cómo el Estado puede activar todo su aparato institucional para negar la violencia.

Desde el inicio, el caso fue despolitizado, patologizado y reducido a explicaciones médicas convenientes. Se construyó una versión oficial que clausuró la posibilidad de responsabilidad penal y canceló, de raíz, la búsqueda de la verdad. El mensaje fue inequívoco: no había responsables, no había delito, no había nada que investigar.

La sentencia de la Corte Interamericana desmonta esa narrativa. Señala la ausencia de una investigación seria, la falta absoluta de perspectiva intercultural y de género, y la manera en que la verdad fue sacrificada para proteger a........

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