En colaboración con Anaid Velasco Ramírez**

El pasado 4 de diciembre, el Congreso de la Unión aprobó en lo general y en lo particular la Ley General de Aguas (LGA) y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales (LAN), con lo que finalmente se cumple el mandato constitucional de 2012, de expedir una ley que garantice el derecho humano al agua. El 11 de diciembre, el decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Es innegable que la aprobación de la LGA salda una deuda legislativa de más de trece años, cuya omisión incluso había generado declaratorias de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sin embargo, aun con este avance, la ley no está exenta de áreas de oportunidad que deberán atenderse para garantizar una protección efectiva tanto del derecho humano al agua como de los ecosistemas que la sostienen. Aunque el nuevo marco incorpora principios de equidad, sustentabilidad, prevención e interdependencia de derechos humanos, aún persisten vacíos normativos en aspectos fundamentales.

Por ejemplo, ya desde hace un par de meses, cuando desde el Ejecutivo se mandó la iniciativa de ley, se señaló que uno de los grandes pendientes es el caudal ecológico: si bien la........

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