La desinstitucionalización del poder presidencial en Colombia ha sobrepasado todos los límites. Un día son los alcaldes de Urabá que convocan al hermano del Presidente para que intermedie por ellos ante la casa de Nariño. Otro día son sus colegas de Tuchín, San Antero, Ciénaga de Oro y Montelíbano, en Córdoba, que invitan a Gustavo Petro Sierra, padre del primer mandatario, con el mismo propósito. Y como ellos, a diario, no son pocos los gobernantes territoriales, empresarios, líderes sociales y dirigentes políticos que tratan de llegar al círculo más cercano a Petro para que interceda por ellos de manera que se puedan beneficiar del poder omnímodo del Presidente. ¿Por qué, en lugar de buscar los canales institucionales establecidos (con los ministros, por ejemplo), las autoridades y los ciudadanos prefieren recurrir a los accesos informales al poder presidencial?
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La respuesta es simple: por la manera como ha conformado su equipo de gobierno, como ha definido los principales proyectos de inversión o como se comunica con los ciudadanos, Petro ha desinstitucionalizado el poder presidencial. Lo ha sacado de la esfera institucional que lo regula y controla, para llevarlo al ámbito personal y familiar, en donde los controles no operan y no hay mecanismo que pueda regular el comportamiento del Presidente de los colombianos.
“Mis deseos son órdenes y mis órdenes están por encima de la ley” pareciera ser la afirmación que mejor sintetiza la dinámica de obediencia/aclamación que Petro ha impuesto sobre sus ministros y directores. No importa que con sus órdenes se viole la ley, o malgaste el dinero de los colombianos. No de otra manera se explica el problema jurídico e institucional en que está metida la Cancillería colombiana, al no adjudicar el contrato de pasaportes a la empresa que cumplía los requisitos y había obtenido la mayor calificación en el proceso de licitación LP-001-2023. Bastó que el Presidente (sin haber expuesto las pruebas) calificara el contrato como “corrupto” para que su canciller entendiera la “orden”, declarando desierta la licitación y abriendo una nueva (LP-003-2023), sin importar los 117.000 millones de pesos que una demanda de la empresa afectada le pudiera acarrear a la Cancillería.
Pero esta no es la primera ni será la última “orden” presidencial que, por estar por encima de la ley, ha fracturado las instituciones. No solo me refiero, por ejemplo, a la decisión de incorporar la “expropiación exprés” de tierras en el plan de desarrollo (que motivó la salida de la ministra Cecilia López del Gobierno), o al intento de Petro por modificar (vía decreto) los recursos que estaban asignados por ley en el presupuesto, cosa prohibida en la legislación vigente. También me refiero a los nombramientos en los más altos cargos del Gobierno de personas que no han tenido la más mínima cautela para violar la ley, o por lo menos para mantener unos estándares éticos que sirvan de ejemplo a los ciudadanos.
Mientras que la gente siga viendo a su Presidente despreciando la ley, vamos a llegar al peligroso borde del orden impuesto por el más fuerte, que hoy nadie sabe quién es.
El Presidente no parece consciente de las enormes consecuencias que tiene ese desprecio por la ley. Tanto porque desconoce la capacidad reguladora que tiene esa fuerza impersonal del buen poder que la ley encarna (“obrar correctamente”) como porque emite una señal equivocada a la sociedad y al Estado en el sentido de que no importa infringir la ley, lo que deja sin fundamento legal el control que el gobernante debe tener sobre los mecanismos que disciplinan y regulan la política, las instituciones y el orden público.
En medio de la parálisis e incertidumbre que vivimos, no se ve señal alguna de cómo el Gobierno pueda retomar ese control, por lo menos en el corto plazo. Ni siquiera la conmoción interior tendría hoy una utilidad distinta a profundizar la crisis. La gente le perdió el miedo al Estado. Lo ve como un agente sin capacidad de reacción, ni propulsión. Y mientras que la gente siga viendo a su Presidente despreciando la ley, vamos a llegar al peligroso borde del orden impuesto por el más fuerte, que hoy nadie sabe quién es.
PEDRO MEDELLÍN
* Profesor titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional
(Lea todas las columnas de Pedro Medellín en EL TIEMPO, aquí)
Las órdenes por encima de la ley
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29.02.2024
La desinstitucionalización del poder presidencial en Colombia ha sobrepasado todos los límites. Un día son los alcaldes de Urabá que convocan al hermano del Presidente para que intermedie por ellos ante la casa de Nariño. Otro día son sus colegas de Tuchín, San Antero, Ciénaga de Oro y Montelíbano, en Córdoba, que invitan a Gustavo Petro Sierra, padre del primer mandatario, con el mismo propósito. Y como ellos, a diario, no son pocos los gobernantes territoriales, empresarios, líderes sociales y dirigentes políticos que tratan de llegar al círculo más cercano a Petro para que interceda por ellos de manera que se puedan beneficiar del poder omnímodo del Presidente. ¿Por qué, en lugar de buscar los canales institucionales establecidos (con los ministros, por ejemplo), las autoridades y los ciudadanos prefieren recurrir a los accesos informales al poder presidencial?
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La respuesta es simple: por la manera como ha conformado su equipo de gobierno, como ha definido los principales proyectos de inversión o como se comunica con los........
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