La marcha del 21 de abril será uno de los hechos políticos más trascendentes de las últimas décadas en la política colombiana. Gestada como un “acto voluntario absoluto” y sin un líder o caudillo determinado que la dirigiera, ni un partido u organización que se pudiera apropiar de ella, la movilización de miles de colombianos fue una expresión colectiva que ha puesto al Gobierno y a la clase política ante una nueva realidad. No solo desafió al poder instituido de un presidente que quiere imponer sus reformas a la brava. También se llevó por delante al frágil sistema partidista, incapaz de cumplir con su papel de reflejar y tramitar los asuntos de la sociedad que deben representar.
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Desafiando al poder instituido)
Para comenzar hay que decir que, más allá de los hechos puntuales, la movilización se constituyó en la primera gran expresión de lo que bien podría calificarse como la primacía de lo público en Colombia. En un país regido por la cultura del atajo, en que gobernantes y gobernados son diestros para eludir las leyes y no pierden oportunidad para sacar ventaja personal, no hay antecedentes de que, sin un incentivo distinto a la preocupación por el bienestar general, miles de colombianos hayan sido capaces de movilizarse y marchar exigiendo al Gobierno y a los funcionarios del Estado que cumplan con sus responsabilidades como debe ser. Ni más ni menos.
El hecho de que, en Montería, la gente haya marchado a la casa del presidente de la Comisión de Acusación, exigiéndole que cumpla con sus obligaciones como debe ser; Que, si hay mérito para acusar al Presidente de la República por haber ganado su elección con dineros ilegales y registros fraudulentos, pues que lo acuse ante el Senado. Pero si no hay mérito, que no permita que el gobierno Petro vea amenazada su legitimidad por un hecho que no existió.
¿Cómo explicar ese cambio? No hay duda de que el nivel de tensión y confrontación al que el Presidente está llevando al país con su discurso de rupturas y acusaciones (muchas de ellas ciertas y que se deben tramitar y resolver) está produciendo un efecto contrario. Una especie de conciencia colectiva comienza a hacer entender a todos que para sobrevivir hay muchos comportamientos que se deben rectificar y muchas injusticias que se deben resolver. Pero no a la fuerza. No de otra manera se puede explicar por qué en un país donde todos creen que tienen derechos, pero no deberes, y en una región donde esa convicción está más marcada, los ciudadanos empiezan a movilizarse y marchar exigiendo el cumplimiento de la ley. Están comenzando a entender que la defensa de los derechos también es posible con el cumplimiento de los deberes.
Pasar del régimen en donde solo se tiene derechos a un régimen en donde hay que cumplir con los deberes implica un cambio de inmensas proporciones. Deja sin piso esa cultura del dinero fácil, la búsqueda de rentas, el incumplimiento de la norma o la primacía de lo privado sobre lo público. Es lo que hemos visto en las movilizaciones: por primera vez, la convicción de que salir a la calle a expresar el descontento y exigir corrección se va convirtiendo en una obligación, una responsabilidad de los colombianos con su país y con la sociedad.
Es un cambio trascendental. Estamos marcando el tránsito de un régimen que consideramos democrático porque hay elecciones a otro más sólido en el que hay democracia porque hay ciudadanos. Esto es, personas regidas por principios de civilidad y orden. Un régimen colectivo en el que los gobernados son más que sus gobernantes y lo público está primero que lo privado.
El mensaje no solo fue para que el Presidente entendiera que gobernar no es imponer y que el pueblo no es solo el que él convoca. También fue para los partidos: se recomponen o desaparecen; para los congresistas: actúan correctamente o no los reeligen; para las Fuerzas Armadas y los jueces, que en ellos están confiando. No hay duda. Estamos ante un gran cambio. Y no es precisamente por la vía de una constituyente.
* Profesor titular, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional
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