La marcha del 21 de abril será uno de los hechos políticos más trascendentes de las últimas décadas en la política colombiana. Gestada como un “acto voluntario absoluto” y sin un líder o caudillo determinado que la dirigiera, ni un partido u organización que se pudiera apropiar de ella, la movilización de miles de colombianos fue una expresión colectiva que ha puesto al Gobierno y a la clase política ante una nueva realidad. No solo desafió al poder instituido de un presidente que quiere imponer sus reformas a la brava. También se llevó por delante al frágil sistema partidista, incapaz de cumplir con su papel de reflejar y tramitar los asuntos de la sociedad que deben representar.

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