Colombia no puede seguir discutiendo la seguridad nacional como si fuera un asunto de izquierdas o derechas. Mientras la política convierte la defensa del Estado en una batalla ideológica, los criminales avanzan, ocupan territorios y someten poblaciones enteras. La seguridad no es patrimonio de ningún partido: es la primera obligación de cualquier gobierno y la condición indispensable para ejercer las libertades.

El gobierno de Gustavo Petro deja un país con una crisis de seguridad inocultable. Durante su mandato se registraron 361 masacres con 1.579 víctimas, 1.905 secuestros y 5.224 actos terroristas, estos últimos con un incremento superior al 200 % frente a los del gobierno anterior. Los secuestros aumentaron más del 100 % en los últimos dos años, y los homicidios alcanzaron 14.027 en su último año. Entretanto, la erradicación de cultivos ilícitos se desplomó.

Frente a semejante deterioro, Colombia necesita recuperar el monopolio legítimo de la fuerza y dotar a sus instituciones de herramientas........

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