Si hay un tema que, como los de la salud o la seguridad, afecta a todos los colombianos, es el de la justicia, que suele ser vista con un paso lento, cuando no con odiosos ropajes de impunidad. Por ello, en el empeño nacional de recuperar el imperio del Estado y de la ley —duramente menoscabado en los últimos cuatro años, pero que viene enfermo hace décadas— tiene la administración de justicia un rol fundamental que exigirá ajustes de fondo, que han sido postergados también por demasiado tiempo.

Ello es clave. Mientras en terreno avanza una resuelta ofensiva en contra de las empoderadas organizaciones criminales, el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella ha propuesto un primer cambio del sistema penal acusatorio. Un sistema que tras 21 años de vigencia viene haciendo agua en varios frentes y que, hoy por hoy, está lejos de garantizarles a todos los colombianos justicia pronta y efectiva cuando han sido víctimas de delitos, y que tiene huecos cada vez más grandes a la hora de combatir a las organizaciones macrocriminales que amenazan la seguridad de las regiones y la nación.

Está sobre la mesa la propuesta de eliminar la audiencia de imputación de........

© El Tiempo