La desinformación representa un problema real en la vida diaria actual y un obstáculo creciente para el desempeño del régimen democrático. Contrarrestar ese fenómeno es urgente y necesario; hacerlo desde el enfoque de los derechos humanos es plenamente factible. La propuesta para el establecimiento de un nuevo derecho, el derecho a la no desinformación, así lo demuestra. Planteado a partir del análisis del “nuevo marco normativo nacional informativo-comunicacional” de Bolivia, este derecho emerge como una estrategia inédita para enfrentar la manipulación informativadeliberada.

¿Es posible imaginar un derecho que sea útil para contrarrestar la desinformación sin que al mismo tiempo implique la vulneración de otros derechos? La propuesta del derecho a la no desinformación responde afirmativamente a esta interrogante porque se orienta a sortear ese dilema, así como a ofrecer una vía alternativa para enfrentar el creciente problema de la distorsión informativa intencional.

La definición que se plantea al respecto es la siguiente: Es el derecho de toda persona a no ser objeto de engaño informativo deliberado y sistemático que condicione, limite o impida su ejercicio de otros derechos y que, por tanto, atente contra el desenvolvimiento de la sociedad en democracia (Torrico, 2025, p. 134).

Se trata, pues, de una nueva prerrogativa destinada a potenciar la protección de las personas usuarias de información, al igual que la de la convivencia ciudadana pacífica, y que debiera ser considerada para su incorporación en las estructuras normativas existentes en materia de derechos humanos.

En la base axiológica de estos derechos se encuentran la dignidad y la justicia, que solamente pueden ser alcanzables –así sea de modo parcial o por etapas– en el seno de una sociedad fundada en los valores de la libertad, la igualdad, el pluralismo, la participación y la legalidad, es decir, de una sociedad democrática que, como es bien sabido, no puede existir ni desenvolverse al margen de los procesos de información.

El fenómeno de la desinformación, en ese sentido, atenta no solamente contra el derecho a la información de todas las personas, sino asimismo contra la legitimidad y el funcionamiento del régimen democrático.

Este doble riesgo necesita ser previsto y enfrentado por el Estado, que es el encargado de reconocer, respetar, proteger, garantizar y promover los derechos, marco de obligaciones en el cual la progresiva expansión de las facultades ciudadanas legalmente instituidas es determinante.

Complementar el derecho a la información

El derecho a la no desinformación aborda un ángulo que los alcances del derecho a la información no incluyen: el de la calidad de la información que se difunde o se recibe.

No resulta suficiente, como se comprenderá, que las personas tengan la posibilidad concreta de emitir informaciones (libertad de expresión) o de acceder a ellas (libertad de información), pues los contenidos implicados en esos procesos podrían ser engañosos. En otras palabras, lo que además se requiere es fortalecer las bases de la confiabilidad informativa.

La desinformación prolifera y prospera en ámbitos autoritarios signados por una conflictividad intensa en que operan fuentes malintencionadas, por lo general anónimas, cuyo interés primordial es alimentar las pugnas, avivándolas o aun generándolas con semiverdades o falsedades, para obtener el mayor rédito posible, sea político, económico o ambos.

En consecuencia, la confianza en la información está relacionada con la vigencia de un entorno en que imperen los derechos y las libertades, se cuente con medios informativos legalmente establecidos, las fuentes sean responsables y la información sea manejada con profesionalidad, esto es, con sujeción a las reglas técnicas y a los principios éticos correspondientes.

No obstante, es claro que el mayor volumen de información que se pone en circulación en las sociedades actuales proviene de espacios distintos a los convencionales, a los que no siempre es dable exigir ni aplicar los criterios de........

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