Del mismo modo que los pobres con más necesidades y menos escrúpulos aprovechan las grietas del Estado del bienestar para obtener ilegítimamente determinadas ayudas y del mismo modo que los ricos más desvergonzados aprovechan los resquicios de la legislación fiscal para evadir impuestos, las derechas de los países democráticos han descubierto que la justicia es un arma política de extraordinaria eficacia precisamente porque resulta muy difícil demostrar que opera como un arma política, y de ahí que sea tan complicado neutralizarla.

El Tribunal Supremo norteamericano hoy dominado por jueces designados por Donald Trump es ejemplo de ello, como también lo son los cinco años que el PP se ha resistido a renovar un Consejo General del Poder Judicial dominado por vocales conservadores: si tienes la llave del ascenso profesional de los jueces, muchos de ellos contarán hasta diez antes de decepcionarte a la hora de instruir una causa o dictar sentencia en un proceso de alto voltaje político. Lo que hizo Trump con el Supremo y ha hecho el PP con el Poder Judicial se llama cacicada.

El debate no es si la Ley de Amnistía o determinados aspectos de ella son una cacicada, aunque si no lo son lo parecen, sino si se trata de una cacicada constitucional o inconstitucional. O, en último término, si contravienen o no la legislación de la Unión........

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