Legislación inmobiliaria

El presidente Pedro Sánchez y la entonces ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, celebran la aprobación de la ley de vivienda en el Congreso, en abril de 2023. / JOSE LUIS ROCA

María Jesús Ibáñez

Periodista

Redactora en EL PERIÓDICO DE CATALUNYA desde el año 2002. Especialista en Alimentación.

Tres leyes, la de arrendamientos urbanos, la del suelo y la más reciente, la de 2023, la única específicamente titulada con el nombre de "vivienda", pero cuyo despliegue está ahora mismo en entredicho por las reticencias de la mayoría de las comunidades autónomas, a las que corresponde llevarla a la práctica. Este es el balance de 46 años de legislación española sobre uno de los derechos recogidos por la Constitución de 1978, en su artículo 47, y que durante este periodo de casi medio siglo se ha regulado eminentemente a través de decretos, que han ido cambiando en función del color político del Gobierno del momento. A diferencia de la educación, que acumula ya ocho leyes distintas en el periodo democrático, lo cierto es que el Estado ha intervenido poco en la vivienda. Tal vez porque hasta ahora no se había visto como un problema.

"Casi todas las normativas que se han ido aprobando se han centrado en regular las condiciones de los arrendamientos, revisando las duraciones de los contratos de alquiler y, en la última de ellas, interviniendo en la contención de precios", describe la abogada Cristina Vallejo, especialista en derecho inmobiliario y miembro del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB). En un mercado "que se está reinventando, sobre todo en los últimos años", señala Vallejo, el sector se encuentra con que las leyes van claramente por detrás de la realidad.

"La única parte que realmente está aplicándose........

© El Periódico (ES)