En la nueva carrera sudamericana por el capital, la ventaja competitiva no estará en el país que prometa menos impuestos o permisos más rápidos. Estará en el que logre combinar certeza legal, institucionalidad eficiente y legitimidad social.

Durante años, Chile vio a Argentina como un país política y económica inestable. La inflación permanente, la discrecionalidad regulatoria, los controles cambiarios y los ciclos políticos hicieron que gran parte del capital internacional viera al otro lado de los Andes desde la distancia.

Chile, sin embargo, ofrecía lo que los inversores suelen querer saber más de lo que quieren: reglas, instituciones predecibles y una reputación de seriedad.

Pero esa imagen, todo indica, ha empezado a cambiar. La política del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) en Argentina de Javier Milei, y el programa de reforma económica, fiscal y regulatoria en Chile de José Antonio Kast no son simplemente una coincidencia de intereses ideológicos. Ambos países parecen haber comprendido que la competencia en la región para atraer capital ya no se limita a las tasas impositivas, sino también a la rapidez del Estado, la estabilidad regulatoria y la capacidad de ofrecer certeza a largo plazo.

El RIGI argentino fue establecido por la Ley 27.742 para atraer inversión nacional y extranjera en las industrias de energía, minería, infraestructura, tecnología, forestal, turismo, acero y petróleo. También requiere una inversión mínima de US$200 millones y una inversión temprana de proveedores locales. Pero el elemento más significativo es político y legal: garantiza seguridad y previsibilidad a los grandes proyectos de inversión que deben durar........

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