Durante las últimas décadas, el fútbol colombiano ha construido una institucionalidad que le ha permitido proyectar talento, consolidar una industria deportiva compleja y posicionar al país en los escenarios futbolísticos más exigentes del mundo. Ese proceso no ha sido fruto del azar, sino de la gestión sostenida de dirigentes, clubes y federaciones que han sabido combinar planeación estratégica, organización institucional y disciplina deportiva.

Sin embargo, de manera paradójica, ese mismo modelo de gobernanza que ha permitido estos avances hoy enfrenta un inédito escrutinio administrativo que pretende reinterpretar decisiones propias del gobierno interno del fútbol profesional como posibles conductas anticompetitivas. Durante los últimos tres años, la Federación Colombiana de Fútbol, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) y los más de treinta clubes que integran el fútbol profesional del país han sido objeto de una serie de denuncias que han derivado en extensos procesos administrativos sancionatorios. Estas actuaciones han sido impulsadas por un reducido grupo de líderes sindicales de futbolistas y por un exsuperintendente de Industria y Comercio con notable ascendiente doctrinario dentro de esa entidad. Las pretensiones formuladas en dichos procesos resultan, cuando menos, llamativas. En uno de ellos se pretende sancionar a los clubes, a la Federación, a la Dimayor y a sus directivos bajo el argumento de que no........

© El Meridiano