El primer paso para resolver un problema es admitirlo. No es sencillo, pero reconocer su existencia permite hacer un diagnóstico, diseñar una ruta de trabajo, tomar acción, enfrentarlo y probablemente superarlo.

México ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas en febrero de 2007 y asumió la obligación de prevenir, tipificar la desaparición forzada, investigar y sancionar a los responsables y garantizar los derechos de las víctimas.

Con base en dicha Convención, México ha interactuado con el Comité contra desapariciones (CED), el cual ha emitido informes y recomendaciones en 2012, 2015, 2018, 2021, 2023 y 2025. Se han reconocido avances en la legislación o establecimiento de una comisión de búsqueda de personas, pero también se han expuesto las deficiencias, omisiones y fallas de implementación que han dado como resultado una situación generalizada de desapariciones con casi total impunidad, la participación de servidores públicos de los tres niveles de gobierno, así como de grupos criminales.

Este contexto ha sido el fundamento de peticiones de acción a los diferentes gobiernos del país y ahora a la decisión del CED de elevarlo al mayor nivel de atención. La propia Convención establece que la práctica generalizada o sistemática de desapariciones forzadas constituye un crimen de lesa humanidad que puede ser sometido a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Los datos son irrefutables: más de 132 mil 400 desaparecidos al 19 de febrero de 2026; alrededor de 72 mil restos humanos sin identificar, miles de fosas clandestinas. El informe es claro en que no necesita tratarse de una política estatal deliberada. Ni siquiera que se conciba “desde las más altas esferas del aparato estatal”. Bajo las disposiciones de la Convención:

Los Estados son responsables de las desapariciones cometidas por sus servidores públicos y por las personas que actúen con su autorización, apoyo o aquiescencia, incluso cuando se trate de organizaciones criminales o paramilitares. Esto incluye las situaciones donde las organizaciones criminales o los grupos armados están de facto bajo el control de las autoridades del Estado; cuando reciben alguna forma de apoyo por los servidores públicos; o cuando existe un patrón conocido de desapariciones de personas y el Estado no adopta las medidas necesarias para evitar que se produzcan nuevas desapariciones o para investigar y llevar a los autores ante la justicia.

En sus primeras horas como canciller, Roberto Velasco ratificó la disposición del gobierno a colaborar con las instancias de la ONU. Ojalá el gobierno federal reconozca la dimensión del problema que tiene nuestro país.  

El informe de la Comisión es una gran oportunidad para aprovechar todo el apoyo posible, terminar con este crimen y hacer justicia a las víctimas que la reclaman.

© El Heraldo de México