El reciente pronunciamiento del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU sobre México ha generado, como era previsible, una reacción defensiva del Estado mexicano. No es la primera vez. Frente a observaciones internacionales en materia de derechos humanos, la tentación de descalificar el diagnóstico suele ser más fuerte que la disposición a procesarlo.

Sin embargo, el problema de fondo no está en el tono del informe, sino en la realidad que describe.

México enfrenta una crisis prolongada de desapariciones desde hace mucho tiempo. Negar su gravedad no la disminuye. Pero tampoco ayuda caer en el extremo opuesto: asumir, sin matices, que todo el fenómeno responde a una política de Estado o a una práctica sistemática en sentido estricto. Entre la negación y el autoflagelo —que caracterizó buena parte de la narrativa oficial en años recientes— existe un punto de equilibrio que no se ha terminado de construir.

Ese equilibrio implica entender que no toda observación internacional es un agravio a la soberanía y que puede ser una oportunidad. El señalamiento de la ONU —incluyendo la posibilidad de escalar el caso a la Asamblea General de la ONU— debería leerse no como condena política, sino como invitación a fortalecer capacidades.

Porque si algo ha quedado claro es que las debilidades estructurales del Estado mexicano en materia de búsqueda, investigación e identificación forense no se resolverán únicamente con voluntad política o ajustes administrativos. Requieren recursos, tecnología, cooperación técnica y, sobre todo, apertura.

En este sentido, la reacción institucional no debería ser de enojo, sino de inteligencia estratégica. Aceptar el eventual acompañamiento de la comunidad internacional no implica ceder soberanía, sino ejercerla con responsabilidad. Países que han enfrentado crisis complejas —desde Colombia hasta los Balcanes— han recurrido a mecanismos internacionales sin que ello suponga una claudicación de sus capacidades estatales.

También es necesario evitar otro riesgo: “ponerse el saco” automáticamente. No todo lo señalado por organismos internacionales describe con precisión la complejidad del fenómeno en México. Buena parte de las desapariciones están vinculadas a dinámicas del crimen organizado, con estructuras que desbordan lo local y lo nacional. Equiparar todos los casos bajo una misma lógica puede conducir a diagnósticos incompletos.

Pero una cosa es no sobredimensionar y otra muy distinta es desestimar.

El Estado tiene una responsabilidad indeclinable: prevenir, investigar y sancionar, incluso cuando los perpetradores no sean agentes estatales. La omisión genera responsabilidad. Y en ese terreno, hay todavía enormes pendientes.

Dejar atrás la relatoría obradorista de la autoflagelación —si se vale el término— no significa regresar a la negación institucional. Significa construir una narrativa de Estado capaz de reconocer fallas sin perder perspectiva, de aceptar ayuda sin perder control y de asumir responsabilidades sin caer en simplificaciones.

México no necesita ni negarse a sí mismo ni condenarse sin matices. Necesita, con urgencia, actuar con realismo.

Porque en materia de desapariciones, lo verdaderamente inaceptable no es lo que diga un informe internacional, sino que la crisis continúe.

POR MANELICH CASTILLA

© El Heraldo de México