El problema que arroja la ruptura del equilibrio en el ejercicio del poder ha cobrado la mayor de las relevancias a lo largo de las últimas semanas. En términos generales, no es bien recibida la iniciativa presidencial que busca reformar la Constitución y modificar la estructura del Poder Judicial de la Federación, pues se entiende como una intención injerencista de su parte, al reservar a favor de los partidos políticos una intervención en el nombramiento de los jueces. La “democratización” de la impartición de justicia no puede estar ligada a ningún tipo de participación del poder político del Estado en la selección de los servidores públicos que deberán calificar la legalidad de los actos atribuibles al presidente y la Administración Pública Federal. Se trata, al final de cuentas, de proteger la independencia de nuestros jueces.

La reflexión anterior contrasta con una patente realidad exterior a la que nos referiremos enseguida:

Este lunes se llevó a cabo una deliberación y votación muy interesante en el seno de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, en la que se revaloró, precisamente, los alcances de la intervención que los propios jueces pueden tener en el conocimiento de procesos para el fincamiento de responsabilidades en contra del propio presidente de ese país. Una deliberación que tiene que ver con un supuesto inverso al que está teniendo lugar en México.

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