La sociedad colombiana debe reaccionar contra el impudor de gremios, parlamentarios y partidos políticos, que han presentado proyectos de reforma a la salud en esta legislatura, para perpetuar el modelo de la Ley 100, reviviendo la intermediación y la administración de los recursos públicos de la salud y desconocen el proceso fiscal de la Contraloría General de la República contra 24 EPS, en cuantía de $ 5,5 billones en la vigencia de 2020, durante el gobierno de Duque.

La exministra Carolina Corcho, en columna de Revista Sur del 9 de agosto, analizó que semejante suma la usaron las EPS para pagar deudas pasadas, de más de 15 años de antigüedad, conducta que es ilegal porque la UPC no es un recurso privado y su destinación específica es para la vigencia anual........

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