Cuando se dio la reforma constitucional al artículo 102 en 2016, se trató de dotar a la Fiscalía General de la República de autonomía técnica. El espíritu de esa reforma era evitar el uso político de la Fiscalía, como se había venido utilizando.

Anteriormente, el Procurador era nombrado por el Presidente y ratificado por el Senado. A partir de la reforma, se ideó un mecanismo para el efecto de que no hubiera chantajes posteriores a quienes apoyaron al Fiscal a llegar. El Senado emite una convocatoria e integra una lista de cuando menos diez nombres. De esos diez nombres, el Ejecutivo extrae tres y presenta la terna al Senado. El Senado posteriormente nombra al Fiscal. El objetivo era precisamente el juego de “dónde quedó la bolita”.

En su momento, el Presidente Peña Nieto nombró a Raúl Cervantes Ahumada como Procurador General de la República. Posteriormente cuando quiso hacerlo Fiscal General de la República, la oposición encabezada por el PAN y los que hoy gobiernan acuñaron el término “Fiscal Carnal”, señalando que la cercanía de Cervantes con el poder lo hacía inelegible para ocupar ese cargo. Peña Nieto prefirió dejar un encargado de despacho de la Procuraduría antes que enfrentar otro problema político.

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Cuando López Obrador llegó al poder, promovió al Alejandro Gertz Manero como Fiscal General de la República. Se le eligió por un periodo de nueve años, en enero de 2019. Por tanto, Gertz terminaría su gestión en enero de 2028.

A partir de los escándalos del presente sexenio, tales como las investigaciones del huachicol, y otras que involucran a personas cercanas a López Obrador, se empezó a fraguar su salida. Sin duda, quien determinó que Gertz saliera de su cargo fue la Presidenta Sheinbaum. Sin embargo, muchos........

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