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Tres días después del derribo de una avioneta en Guadalupe y Calvo, entre los límites de Chihuahua, Sinaloa y Durango -del que salvaron milagrosamente la vida un empresario minero extranjero, dos geólogos exploradores y un piloto chihuahuense- un grupo del Ejército detuvo en la región a cinco sujetos.

La presunta célula criminal fue capturada en las cercanías del incidente por militares desplegados desde la base de la Defensa en Badiraguato, con rifles de asalto, más de cuatro mil cartuchos, varios vehículos con blindaje artesanal, un lanzagranadas, 21 drones y tres antenas de radiocomunicación.

Fiel a su costumbre, el Ejército no dio más detalles de la detención ni la consignación de los sujetos. Nada más dijo en un escueto boletín en el que reconoció el uso de dispositivos tecnológico para “labores de vigilancia avanzada y coordinación logística en la accidentada geografía de la Sierra Madre Occidental”.

Persiste la sospecha dónde terminaron los detenidos, si en Chihuahua o Sinaloa; si fueron consignados o no al Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República; y cuál es el resultado de las investigaciones sobre su posible relación con el derribo a balazos y explosión de la aeronave.

El asunto ha sido manejado también con la más absoluta reserva en las mesas de seguridad, de donde únicamente el fiscal general del Estado, César Jáuregui, ha salido a dar la cara para dar a conocer que la investigación se mantiene en el fuero estatal todavía y que la avioneta fue atacada a balazos en el aire y con un dron cuando ya estaba en tierra.

Lo que resulta preocupante es lo que en las instancias de seguridad dicen en voz baja. El delito va más allá de los daños a un vehículo o el homicidio en grado de tentativa, pues encuadra en el de terrorismo que........

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