Varios jóvenes observan anuncios de casas en alquiler en una inmobiliaria. / E.D. / L.P.

Moncloa ha inventado la legislación cuántica. Normas que existen y no existen al mismo tiempo. Hay ahora un llamamiento general a los inquilinos de toda España para que se aprovechen del efímero decreto aprobado en el último Consejo de Ministros, que establece una prórroga obligatoria de dos años en los alquileres y la prohibición de subir el precio más de un 2%. Como lo van a tumbar en breve en el Congreso de los Diputados, se trata de aprovechar la efímera ventana de oportunidad de su corta vigencia. Filibusterismo legislativo en estado puro, para puentear la voluntad mayoritaria de los representantes del pueblo.

La obligación de prorrogar los alquileres obliga a todos los propietarios, no solo a los grandes tenedores. Y afectará, según se afirma, a 160.000 inquilinos en Canarias. O sea, a 160.000 propietarios. Los primeros podrán alargar su arrendamiento. Los segundos verán cómo el Gobierno dispone de sus bienes y topa la subida del alquiler por debajo de la inflación: un porcentaje de incremento del 2%, que no se admite, por birrioso, para una subida salarial.

El discurso que sostiene esta intervención a saco en el mercado es la defensa de los más vulnerables. A poco que se escarbe, se trata de pura demagogia. A los vulnerables los debe defender el Gobierno con los recursos públicos que esquilma a los ciudadanos y empresas a través de todo tipo de impuestos. No se le puede cargar el sostén de una familia que necesita una vivienda a otra familia que ahorró para comprarse una vivienda y alquilarla. Porque ese ahorro ha pagado impuestos. Y con esos impuestos se debía haber construido un parque de vivienda decente en un país que tiene una indecente cifra de viviendas públicas.

La tendencia del mercado del alquiler en este país es que hay propietarios que están sacando sus casas del mercado. No se fían de un Gobierno que está dando cada vez más vueltas de tuerca totalitarias sobre la propiedad privada. Se sienten indefensos ante quienes no pagan el alquiler. Y alarmados por las noticias de okupaciones. Las nuevas medidas vienen a echar gasolina al fuego y llenarán los juzgados de reclamaciones. Para los grandes tenedores, bancos o fondos de inversión, solo será un aumento en la minuta de sus equipos de abogados. Para los pequeños propietarios será un imposible. Son ellos los que siempre acaban perdiendo las plumas.

El asfixiante círculo se va cerrando como un dogal en el cogote de los dueños de una segunda o tercera vivienda en Canarias. Ya no pueden alquilarlas a los turistas, porque les han expulsado de ese mercado. Estarán obligados, mayoritariamente, a prolongar dos años, sí o sí, sus alquileres. Y a no subir ni siquiera el IPC de este año. Y además no es negociable, es obligatorio. Lo siguiente que vendrá –es cuestión de tiempo– es el establecimiento de un precio máximo arbitrario que vendrá a topar el precio de los alquileres.

Sería mucho más decente que el nuevo comunismo actuara en consecuencia. Qué expropiara o nacionalizara las casas de la gente, para que no siguieran pagando el IBI, la basura y las tasas municipales. Que se las apropiara el Estado de una vez. ¿Pero para qué, si ya hacen lo que les da la gana con lo que no es suyo?

© El Dia