El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la apertura de la cumbre mundial de la Internacional Socialista en Rabat, Marruecos. A 21 de diciembre de 2024. / PSOE

Tras perder las generales de julio de 2013, Pedro Sánchez acabó montando una nueva versión de Gobierno imposible. Lo hizo aceptando el apoyo contra natura de los partidos que defienden la desmembración territorial del país, y aceptando todas y cada una de las exigencias de Puigdemont, de la Amnistía al reconocimiento del lawfare. Desde entonces, la retórica gubernamental contra los jueces ha ido creciendo, primero de forma limitada, y después a galope, tras la decisión del hombre enamorado de retirarse cinco días a reflexionar sobre su continuidad como presidente, provocada por la denuncia ante los tribunales de Begoña Gómez.

La confrontación tiene ya tintes de cruzada política y se agrava a cada día que pasa. Ya no son sólo los portavoces de Junts, o los más radicalizados del PSOE, podemizados en defensa de Sánchez. Ya son los ministros los que entonan desde el poder ejecutivo la crítica de jueces con nombres y apellidos, que incorpora denuncias de prevaricación. Este desparpajo, nunca antes visto en las filas de ningún Gobierno, no solo pone en jaque el equilibrio de poderes, sino que........

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