Análisis a la luz del Caso Gaby Candia, la Normativa Boliviana y el Derecho Comparado

Introducción
En el Estado Constitucional de Derecho, la libertad no se limita únicamente a la ausencia de prisión física, sino que abarca la plena facultad de locomoción y circulación. Las medidas cautelares en el proceso penal, por su naturaleza, nacen con una vocación ineludible de provisionalidad. No son un fin en sí mismas, ni una pena anticipada, sino un instrumento procesal para asegurar la averiguación de la verdad y la aplicación de la ley. Sin embargo, en la práctica judicial boliviana, figuras como el arraigo (prohibición de salir del país) han tendido a desnaturalizarse, convirtiéndose en restricciones indefinidas que someten al ciudadano a una “muerte civil” parcial.
El presente ensayo analiza la imperiosa necesidad de establecer límites temporales al arraigo, utilizando como referencia paradigmática la situación jurídica evidenciada en el caso Gaby Candia, los mandatos específicos de la Constitución Política del Estado (CPE), el Código de Procedimiento Penal (CPP) reformado por la Ley 1173, y los estándares de legislación comparada.

1. El Paradigma del Caso Gaby Candia: La Violación al Plazo Razonable
El caso de la exalcaldesa de La Paz, Gaby Candia, constituye un ejemplo emblemático de la distorsión de la justicia penal en Bolivia. El proceso, iniciado a finales de los años 90 se extendió por más de una década, manteniendo a la procesada bajo medidas restrictivas de libertad (incluyendo arraigo y detención domiciliaria en diferentes etapas) durante un tiempo que desafía cualquier lógica de “plazo razonable”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al admitir la petición Gaby Esperanza Candia de Mercado vs. Bolivia (Informe de Admisibilidad N.º 42/21), puso de relieve la posible violación a las garantías judiciales (artículo 8) y a la protección judicial (artículo 25) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El núcleo de la crítica internacional y constitucional en este caso es que una persona no puede estar sometida indefinidamente a la incertidumbre de un proceso penal ni a las medidas cautelares que de él derivan. En el contexto de Gaby Candia, el arraigo se transformó en una sanción de facto, aplicada sin condena ejecutoriada durante años, violando el principio de presunción de inocencia. Este precedente ilustra que, cuando el arraigo carece de un límite temporal preestablecido o de una........

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