Miguel Ángel Amonzabel Gonzales |Investigador y analista socioeconómico

En los últimos meses, Bolivia ha presenciado un aumento significativo en los precios de productos básicos como el arroz y el aceite. En respuesta a esta situación, el gobierno central ha adoptado medidas más intervencionistas, como la confiscación de arroz en el marco del Presupuesto General del Estado 2025 y la implementación de una planta para producir aceite. Con una inversión de Bs. 426 millones, esta planta procesará 1.000 toneladas de soya diarias, marcando un giro hacia el rol de competidor, más que de regulador. Además, en diciembre de 2024, el presidente Luis Arce promulgó el Decreto Supremo 5285, autorizando la creación de una Industria Avícola en La Paz, con una inversión de Bs. 607 millones.

En paralelo, el gobierno ha propuesto abrir nuevas fábricas, lo que ha recibido el apoyo de ciertos sectores que consideran estas medidas como una política favorable para la creación de empleo y la dinamización económica. Sin embargo, es importante recordar que entre 1936 a 1985, Bolivia creó empresas estatales bajo el modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), con resultados negativos. Las empresas públicas generaron pérdidas, fueron focos de corrupción y se convirtieron en una carga económica para el Estado. El Decreto Supremo 21060 de 1985 permitió la privatización parcial o total de estas empresas y cerró aquellas que no podían sostenerse.

La idea de crear empresas públicas en Bolivia tiene sus........

© El Deber