Levantar el subsidio a los hidrocarburos era una decisión inevitable. Incómoda, impopular y políticamente costosa, sí, pero necesaria para detener una sangría fiscal que ya no admitía más dilaciones. Como señaló el ministro de Hidrocarburos, nadie quiere ir al dentista cuando la muela está cariada, pero postergar el tratamiento solo agrava el daño. El subsidio dejó de ser protección y se convirtió en un problema estructural y dramático.

Las cifras explican la urgencia. Mantener el subsidio suponía destinar alrededor de 3.500 millones de dólares al año, el equivalente al 6,4% del PIB. En un país sin dólares, con déficit creciente y reservas agotadas, ese esquema era insostenible. Cada día de demora significaba millones perdidos, mientras el contrabando, el mercado negro y el desabastecimiento se normalizaban como parte del paisaje económico. Cada día el subsidio costaba 7 millones de dólares.

El subsidio, además, alimentó una red de corrupción difícil de desmontar. El diferencial de precios convirtió al diésel en mercancía de exportación ilegal hacia países vecinos. El Estado no solo financiaba el consumo interno, sino también un negocio........

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