La crisis provocada por los magistrados “autoprorrogados” no es un episodio aislado; es el síntoma más claro de un sistema judicial que ha perdido su capacidad de medir el tiempo constitucional. En un Estado donde la legitimidad depende del respeto estricto a los mandatos, la sola idea de extender funciones sin base normativa equivale a romper el reloj del contrato social. Cuando la ciudadanía percibe que quienes deben custodiar la Constitución actúan por encima de ella, la credibilidad se evapora, la seguridad jurídica se desvanece y el Estado de derecho queda reducido a un enunciado decorativo.

Ante esta fractura institucional, la reacción no puede limitarse a la indignación. Debe traducirse en acciones estructurales y urgentes. Primero, es indispensable restaurar el principio de legalidad: un juez fuera de........

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