Debe garantizarse el acceso a los servicios que prestan los gobiernos del Estado. Para esto, es necesario no descuidar las cuatro dimensiones de la accesibilidad: la física, la económica, la territorial y la temporal. La primera se refiere a la existencia del servicio en términos de calidad y eficacia; la segunda implica la aplicación de la equidad en el costo, de modo que las personas de escasos recursos también puedan acceder además de las pudientes; la tercera hace referencia a la cercanía territorial, sea mediante la desconcentración espacial o el gobierno electrónico, de modo que los que habitan en lugares alejados puedan también acceder. Finalmente, la cuarta implica que los horarios en los que un servicio atiende deben ser compatibles con la actividad educativa y laboral de la gente, a fin de que puedan acceder.

Respecto a este último aspecto, los servicios prestados por los gobiernos e instituciones públicas suelen ser en los de trabajo habitual, es decir de 8:00 u 8:30 a 12:00 o 12:30, y de 14:00 o 14:30 a 18:00 o 18:30. Dado que la gente con empleo dependiente también acostumbra a trabajar en esos horarios, suele tener el acceso truncado. Si las personas desean acceder, tendrían que negociar un permiso sujeto a reposición de horas, o sacar un día o medio día de vacación. Si la administración del servicio es corrupta y complejiza y retarda innecesariamente el trámite para inducir al soborno, es posible que el interesado requiera invertir toda su vacación. Esa falta de acceso de trabajadores pasa, por ejemplo, si una persona desea denunciar un caso de violencia infantil ante la defensoría de la Niñez (dependiente de un municipio, GAM), regularizar los documentos de propiedad de su vivienda o terreno (GAM y Derechos Reales), tramitar una personalidad jurídica (gobernaciones y Viceministerio de Autonomías), sacar un Certificado de Solvencia Fiscal (Contraloría General del Estado, CGE) o el título profesional o de posgrado (universidades estatales), entre muchos otros........

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