Bolivia acaba de recibir un golpe de realidad. Duele, incomoda y provoca ira. Por eso mismo era necesario. El fin del subsidio a los carburantes no es un acto de insensibilidad, como gritan algunos sectores, sino la ruptura —tardía— de una mentira que el Estado sostuvo durante dos décadas y que la sociedad terminó normalizando como derecho adquirido.

Durante 20 años vendieron la ilusión de que era posible consumir gasolina y diésel baratos en un país que no los produce en cantidad suficiente. El resultado fue devastador: el subsidio llegó a representar cerca del 50% del déficit fiscal anual, drenó dólares, incentivó el contrabando —entre el 30% y 40% del combustible salía ilegalmente a países vecinos— y consolidó redes de corrupción. No fue una política social: fue una fábrica de distorsiones.

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