La legislatura arrancó con un mito fundacional que, a día de hoy, ya debería haber sido enterrado junto a la propia legislatura: a saber, que existe una mayoría progresista en el Congreso que da apoyo al Gobierno de coalición PSOE-Sumar. Tal mayoría "progresista" jamás existió, porque ni PNV ni Junts son partidos de izquierdas y la gobernabilidad descansa críticamente sobre ambos. Cualquiera de los dos puede vetar (uniéndose a PP y Vox, claro) todo proyecto de ley que llegue a las Cortes. De ahí que muchas políticas dizque progresistas se le estén atascando tanto al Gobierno desde hace año y medio: y ello a pesar de que algunas no resultan aplicables al País Vasco (de modo que el PNV no pierde nada apoyándolas) y de que todas suelen conllevar algún tipo de contraprestación para comprar el tan necesario apoyo parlamentario.

A este respecto, el último vodevil parlamentario ha tenido lugar con las subidas de impuestos que el Gobierno quiere promover de cara a 2025. El PSOE se halla presionado desde dos frentes: por un lado, el de la izquierda anticapitalista de Sumar (su socio de gobierno) y, por otro, el de la burguesía vasca y catalana del PNV y Junts (sus imprescindibles socios parlamentarios). Mientras que los primeros están obsesionados con aumentar todos los impuestos que perjudiquen al ahorro, a la inversión empresarial o al sector privado sustitutivo del estatal, los segundos son bastante más prudentes a la hora de castigar con cargas fiscales aún mayores a la economía (no es que se opongan a subir cualquier impuesto: no son liberales, sino que meramente no son del todo insensatos). Y esta tensión entre ambos frentes termina provocando la presencia de vetos cruzados a la hora de aprobar el paquete fiscal de los presupuestos. ¿Cuáles son ahora mismo los principales puntos de fricción en materia tributaria?

En primer lugar, el impuesto extraordinario a las empresas energéticas: nacido al calor de los altos precios de la energía durante los primeros meses de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, se trataba de un gravamen supuestamente temporal que tenía como propósito apropiarse de parte de las ganancias anómalas que las empresas energéticas iban a recibir mientras los precios de la energía se mantuvieran altos. Esta última circunstancia ya se ha esfumado y, sin embargo, el impuesto todavía no lo ha hecho: Sumar —y otros partidos de la izquierda parlamentaria— aspiran a convertirlo en permanente (porque nada hay más permanente que una medida política temporal), mientras que el PNV y, sobre todo, Junts se oponen por el daño que este tributo podría llegar a causar a las inversiones energéticas programadas en estas regiones.

En segundo lugar, la eliminación del régimen especial de las socimis, las cuales tributan al 1% en el Impuesto sobre Sociedades, siempre y cuando distribuyan en dividendos el 80% de sus beneficios. La lógica de esta medida es que los dividendos, al ser distribuidos, ya pagan entre un 19% y un 28% dentro de la base sobre el........

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