El presidente del Gobierno no quiere una España de propietarios ricos e inquilinos pobres. La frase, perfecta para los cortes de televisión y ser compartida en redes, la pronunció ayer en Barcelona en respuesta a la manifestación del pasado domingo en Madrid contra el precio de los alquileres.

No solo ese era el objetivo. También quería marcar en positivo la agenda política de una semana en el que el caso Koldo seguirá siendo el combustible principal de la conversación mediática en España. Para ello nada mejor que un anuncio de postín: el anuncio de un fondo de 200 millones de euros para repartir en forma de “bono alquiler” entre los jóvenes españoles. Otro caramelito para repartir entre quienes lo que necesitan es sentarse a la mesa y comer un menú completo. No queremos propietarios ricos, dice Sánchez, pero vamos a financiar los elevados alquileres con dinero público. No es la primera vez, y no será la última, que acabamos en el mismo sitio. Afianzando con el presupuesto público los precios de por sí ya excesivos. Todo con muy buena voluntad. Más voluntad que acierto, añadiríamos. Medida similar la toman también gobiernos de derechas en algunas comunidades autónomas. La imaginación es limitada en todo el arco parlamentario.

Centrados en las políticas de Pedro Sánchez y su Ejecutivo hay que hacer notar que al presidente se le olvida en demasiadas ocasiones que lleva seis años gobernando. Y que durante sus mandatos los precios de la vivienda, tanto la de propiedad como la de alquiler, no han dejado de subir, subir y subir.

También se les olvida a algunos de los manifestantes de Madrid, y en particular a los representantes de la izquierda política, que el problema de la vivienda en la capital de España -con la derecha en el poder- es exactamente el mismo que en Barcelona, donde durante dos mandatos seguidos el ayuntamiento estuvo en manos de Ada Colau, quien llegó al cargo montada en la ola de indignación provocada por las ejecuciones hipotecarias durante la mega crisis de la década pasada.

Algún día aprenderemos a valorar en España las políticas públicas por los resultados y no por las intenciones. Y los resultados después de más de un quinquenio con Pedro Sánchez como presidente marcan un suspenso acusado en el terreno de la vivienda. Dicho de otro modo: en 2024 las cosas están peor que estaban en 2018.

No fue hasta la primavera de 2023, cinco años en el Gobierno, con el poder territorial socialista amenazado por las elecciones autonómicas de esa fecha, que Sánchez se decidió a dar el paso........

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