Hace ahora una década insignes políticos, columnistas y analistas de toda España, en absoluto sospechosos de compadrear con el nacionalismo catalán y todavía menos con el independentismo, hacían declaraciones y escribían artículos subrayando la necesidad de encauzar un acuerdo que impidiese que las cosas acabasen saliéndose de madre, como desgraciadamente acabó sucediendo. Faltaban todavía tres años para el naufragio colectivo de 2017.

Entre los argumentos que se manejaban en aquellos tiempos desde esa óptica pacificadora destacaban dos en particular. El primero apuntaba al hecho de que quizás el Tribunal Constitucional hubiera ido demasiado lejos con la sentencia que recortaba el Estatuto refrendado por el Parlament, el Congreso y en referéndum por los catalanes.

El segundo daba por buena la afirmación que Cataluña sufría -al igual que Valencia, pongamos por caso- una infrafinanciación crónica y que debía buscarse una solución. El razonamiento lógico que seguía a esos argumentos era que quizás recuperando la integridad del Estatut y garantizando una nueva financiación que mejorase las finanzas de la Generalitat y que se asemejara a lo que Artur Mas había bautizado como “pacto fiscal”, los ánimos se aplacarían y el toro volvería manso al redil.

Pero esas declaraciones, artículos y análisis bienintencionados ya no hacían mella alguna en un independentismo prisionero de su imposible proyecto y que enloquecido había decidido llevar a Cataluña al suicidio político. No había nada de lo que hablar. Comprensiblemente, todo el argumentario contemporizador desapareció de escena a medida que el desastre se acercaba. Después el tsunami y tras él, el lento pasar de los años para dejar de pisar arenas movedizas.

Todo este prólogo viene a cuento para refrescar la memoria ahora que la financiación autonómica de Cataluña se ha convertido en el nuevo apocalipsis patrio que asegura el hundimiento de España tras el pacto ERC-PSC que hizo posible la presidencia de la Generalitat de Salvador Illa a cambio de una financiación “singular”.

Estamos ante el mismo problema que con la amnistía. La vehemencia con la que el PSOE es capaz de negar hoy una idea para defenderla mañana con la misma energía, siempre que la aritmética parlamentaria así lo exija para mantener el poder o seguir agarrado a él.

Lleva razón quien argumenta que así son las cosas en los sistemas parlamentarios y que las más de las veces, sin los cambios de opinión a los que obliga la necesidad del pacto, no habría manera de formar gobiernos. Pero también la tienen quienes consideran que en el caso del PSOE las concesiones a los independentistas han sido reiteradamente tan sustanciales y estructurales que no queda más remedio que señalar en ese cambio de posición una estafa política en toda regla al electorado. De la vara de medir de cada uno depende donde situar la raya que marca la diferencia entre un cambio de posición razonable -un peaje justo por alcanzar un acuerdo- y una traición a los votantes.

Las críticas al pacto PSC-PSOE-ERC derivan de esa “singularidad” que impusieron los republicanos en su negociación. Y que en al acuerdo de marras se concreta a través de la bilateralidad en las negociaciones con el Estado, la recaudación de todos los impuestos en Cataluña a través de la agencia tributaria, una cuota de solidaridad con el resto de autonomías que respete el........

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