Tanta importancia le dio Sánchez en el Congreso a la futura ley de familias que en teoría ha de aprobarse en un futuro inmediato que convenía correr a leer íntegramente el anteproyecto para saber qué nos estamos perdiendo. Nunca es tarde, pensé oyendo al presidente. Quién sabe si no estoy todavía a tiempo, en función de las dádivas que se prometan en el texto, de reavivar de nuevo mi instinto paterno, por otra parte ya satisfecho.

Lo cierto es que haber, hay más bien poca cosa. Al menos en lo tocante al bolsillo. Al menos para la que sigue siendo la tipología mayoritaria entre las familias españolas. Y de todo lo escrito, lo más importante en el anteproyecto es la disposición adicional primera: “El desarrollo de las medidas, derechos, garantías, servicios y apoyos que se contemplan en la presente ley queda supeditado a las disponibilidades presupuestarias de las Administraciones competentes”.

Es de suponer, aunque esto sea mucho confiar, que las obligaciones económicas derivadas de la implementación de la ley que competen a la administración general del estado van a cumplirse de inmediato. Pero como la mayor parte del despliegue del texto pertenece al ámbito competencial de las CCAA, toca señalar que nada dice el texto sobre cómo estas van a financiar su parte. No deja de sorprender la facilidad con la que las administraciones periféricas asumen obligaciones que en teoría comportan gasto sin tener vela en el entierro. En todo caso, como esta ley es sobre todo un compendio de buenas palabras, no hay mucho que temer. Estamos ante una nueva ley que en la mayoría de los aspectos que trata es una carta a los reyes de un país que no puede pagarse lo que promulga.

Con independencia de la cuestión económica, anotar que el texto tiene, legítimamente, un marcado acento ideológico. Y por supuesto no es una ley para fomentar la natalidad. Por mucha parafernalia verbal que acompañe al texto, las ayudas directas van a seguir siendo escasísimas. Avísenme cuando conozcan a alguien que vaya a procrear para cobrar durante los primeros tres años 100 euros al mes por cada retoño.

Bobadas al margen, como que un artículo de la ley -el 22- promulgue que a partir de ahora en España el urbanismo deberá incluir la perspectiva de género (¿?), lo cierto es que leída de cabo a rabo, más que una ley de familias estamos ante un artefacto declarativo sobre salud, vivienda, educación, convivencia y demás que no enfoca para nada el problema de la natalidad decreciente.

Hay algunos aspectos destacables, sí. Como por ejemplo la clara apuesta por la reagrupación familiar en el caso de los........

© El Confidencial