Barcelona recogió el testimonio de Madrid el pasado sábado con una gran manifestación por el abuso en el precio de los alquileres. Fue una protesta de lo más concurrida, 122.000 según los organizadores, 22.000 según la Guardia Urbana. Más allá de las divergencias en las cifras, vuelve a poner con fuerza sobre la mesa las dificultades de muchos conciudadanos, especialmente jóvenes y colectivos más precarios, para procurarse la necesidad más básica de todas junto a la alimentación: un techo bajo el que vivir.

El debate tras la manifestación ha tendido hacia la caricaturización demagógica. Los convocantes, el Sindicato de Inquilinas, lo ha puesto fácil con sus exigencias, sacadas algunas del manual del chavismo más tabernario: huelga de pagos de las rentas pactadas con los propietarios, rebaja del 50% del precio del alquiler de un día par el otro, movilización obligatoria de todo el parque de viviendas sin uso y universalización del contrato indefinido como única fórmula contractual del alquiler.

Del otro, aunque cada vez menos, los defensores del mercado como único mecanismo de autorregulación a través de la tan famosa como torpe mano invisible. Para estos es igual cuánta gente vayamos dejando por el camino y que debamos cerrar los ojos a la condena de las nuevas generaciones de españoles, al menos de los que no hayan tenido la suerte de nacer en el seno de una familia patrimonializada, obligadas a correr toda la vida detrás de una zanahoria imposible.

Entre esas dos posturas, aquellos que, con independencia de su situación personal, ansían la recuperación de una de las cláusulas del contrato social que hemos perdido por el camino. Que la gente que sólo dispone de capital trabajo puede pagar el alquiler sin quedarse en los huesos y que, con el sacrificio inevitable que siempre ha acompañado la compra en la mayoría de las familias, algún día puedan acceder a la propiedad de su vivienda si así se lo proponen.

No es una broma lo que tenemos entre manos. El 45% de los españoles que viven de alquiler están en riesgo de pobreza o exclusión social, según datos del 2022 citados en el Informe Anual del Banco de España de 2023, cifra que nos convierte en el país que lidera este triste porcentaje (el de la media UE27 es ligeramente superior al 30%). Algo tendrá que ver que España cuente en la actualidad sólo con 300.000 viviendas de propiedad estatal destinadas al alquiler social, el 1% del total frente al 7% de media de la UE. Y que deban construirse 1,5 millones de nuevos hogares para poder equipararnos a esa media. Los datos, también del Banco de España, hablan por sí solos.

Pero también lo hace la casuística con nombres y apellidos. Si uno no vive en una burbuja de clase, sabe lo que se cuece ahí fuera con independencia de que sus circunstancias sean más o menos favorables. Ayer, en una tertulia radiofónica menosprecié, creo que con razón, las exigencias chavistas del Sindicato de Inquilinas propias del populismo más soez, en el fondo y en la forma.

De inmediato recibí mensajes de personas de mi entorno cercano rogándome un mínimo de empatía con quienes sufren los embates del precio del alquiler. “Tu hijo en Madrid, 1.250 euros por un piso de m* en Campamento”, “Oriol, con cáncer, con su mujer y dos hijos pequeños, en un piso de 50 metros cuadrados en el barrio de Gracia. De 1.200 € a 1.950 €........

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