En 2021 el PSOE y el PP pactaron que Ángel Gabilondo fuese Defensor del Pueblo tras un largo período en funciones de su predecesor (desde 2017). El Congreso lo eligió el 11 de noviembre con 240 votos y el Senado ratificó su nombramiento el día 16 (216 votos, más de tres quintos). Se convirtió así en una figura de consenso. Ha sido, y lo será hasta noviembre próximo, el séptimo Defensor del Pueblo electo, figura prevista en la Constitución de 1978 y operativa desde 1982 con la finalidad de vigilar al poder para que no perpetre determinadas arbitrariedades en su condición de Comisionado de las Cortes Generales. Gabilondo, catedrático de Metafísica y exrector de la Universidad Autónoma de Madrid entre 2002 y 2009, fue ministro de Educación (2009-2011) en el último Gobierno que presidió Rodríguez Zapatero y se distinguió por ser un político discreto y sosegado.

Por ese moderado perfil biográfico llama mucho la atención que se haya prestado a una maniobra gubernamental: presentar el pasado 16 de octubre un recurso de amparo ante el Constitucional, con petición de medidas cautelarísimas. El recurso iba contra las resoluciones de la Sala Tercera del Supremo que suspendían cautelarmente los efectos censales de los nacionalizados españoles (163.020). Se trata de quienes se acogieron, no tanto a la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática (llamada 'ley de nietos', que ni es ley ni de nietos), cuanto a la burda y bárbara ampliación del ámbito de esa norma mediante una Instrucción gubernamental. Su redacción y firma corrieron a cargo de Sofía Puente, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Puente se ve ahora en el trance —y no es inverosímil que la causa galope— de someterse a una investigación penal por una presunta prevaricación: el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid ha admitido a trámite, en contra del criterio de la Fiscalía, la querella de Hazte Oír. Esa instrucción, publicada en el BOE el 26 de octubre de 2022, establecía que se........

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