España está de luto por partida doble. Por 115 seres humanos que, en este año fatídico, perdieron la vida prematuramente en dos catástrofes ferroviarias completamente evitables. Y de luto porque está descubriendo la profundidad de su actual decadencia a golpe de calamidades, fracasos y villanías políticas.

A la vez, los españoles incubamos una decisión trascendental para la nación y para nuestras vidas presentes y futuras. Las circunstancias y la ceguera sectaria de nuestros gobernantes nos han conducido a un triste trance: ocho de cada diez votantes emitiremos nuestro voto con plena consciencia de elegir un mal menor. No existe en esta votación una gota de optimismo o de alegría, pero ello no resta un gramo de trascendencia a la decisión; si acaso, le añade una dosis adicional de drama. El momento es históricamente crucial y todas las soluciones buenas han sido erradicadas de los escenarios verosímiles. Nos toca optar entre el desastre acreditado y el presentido. El primero es una certeza, el segundo una hipótesis fundada. Sin embargo, hay que decidir. Nadie dijo que la historia de España haya sido alguna vez una cosa sencilla.

En este marco, una huelga general promovida por el Gobierno contra la oposición 18 días antes de las elecciones para protestar por problemas que el propio Gobierno ha contribuido decisivamente a crear o agravar es un maldito contrasentido, se mire por donde se mire.

Lo es conceptualmente, porque tras esa convocatoria late el tradicional designio populista de contraponer la legitimidad de la calle a la de las urnas. Lo que los españoles tengamos que decir sobre la vivienda, los salarios o los servicios públicos —pretextos de la huelga— lo diremos en las urnas el día 29 de este mes. Existiendo esa ocasión inmediata, me niego a reconocer movilización más legítima que el sufragio universal para expresar la voluntad ciudadana.

Políticamente, porque una huelga general a dos........

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