Según ha trascendido, el Gobierno tiene la firme decisión de poner en marcha lo que ha calificado como Plan de Acción Democrática. No es preciso ser un genial analista para, una vez conocidas las diferentes vertientes del tal plan, maliciar que entre los motivos que impulsan la decisión ocupan un lugar central los problemas del presidente y el PSOE y otras cuitas ajenas al interés del Estado, así como la necesidad que tienen Sumar y su lideresa de exhibir presencia y capacidad de determinar decisiones, como sería la supresión de los delitos de injurias a la Corona y a la religión, así como los ultrajes a la bandera.

El deseo de ajustar cuentas con todo medio de comunicación que se haya enfrentado o criticado al Gobierno, también se vislumbra detrás de la anunciada Ley de Publicidad Institucional. Otro tanto se puede decir de la modificación de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, en relación con todo aquello que, según los afectados, son casos de lawfare frutos de desviaciones judiciales. También se incluye la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, demandada por el PNV desde hace lustros y que, en todo caso, siendo necesaria, no puede frivolizarse.

Es evidente que no es posible entrar en todos esos temas, aunque sería preciso hacerlo, pero en estas notas me limitaré a algunas observaciones sobre la proyectada supresión del delito de injurias a la Corona, que, según se dice, iría acompañado de la simultánea desaparición de los delitos de injurias a las........

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