De todos los dislates que se han dicho con ocasión de la aprobación del dictamen sobre la Ley de Amnistía por parte de sus defensores —y se podría abrir un concurso— creo que se lleva la palma la afirmación del ministro Bolaños, según el cual esta Ley de Amnistía será un "referente mundial", y, evidentemente no se refería a su condición de bodrio, sino a que se trata de una maravilla de la sutileza jurídica que la coloca a la altura de las mejores creaciones del pensamiento jurídico, una herramienta para la reconciliación, impecable y positiva. Podemos imaginar ya cómo los más importantes institutos de investigación jurídica de Europa están deseando saber quiénes han sido sus cabezas pensantes para invitarlos a lecciones magistrales de derecho penal, procesal y constitucional, sin olvidar el interés de los especialistas en teoría del Estado.

No me detendré en el supuesto dictamen de la Comisión de Venecia, que nadie ha podido leer realmente porque aún no se ha divulgado, pero eso no parece preciso ni al Gobierno, ni a los independentistas, pues, según ellos, ese informe es absolutamente coincidente con las posiciones de los defensores de la Ley. Al parecer, eso no es verdad, y la citada Comisión, al margen de la importancia que se quiera dar a su opinión, no está tan de acuerdo con el planteamiento de la Ley, y, entre otros detalles, señala que una decisión de tanta transcendencia debería estar respaldada por una clara mayoría del Parlamento, no por "unos votos más". Otras observaciones son importantes, como la de que no es admisible una amnistía "pro-persona" para congraciarse con líderes políticos, y siendo tanta su significación, no hubiera debido emprenderse una decisión así sin una previa modificación de la Constitución. En todo caso, no se justifica la alegría del Gobierno, Junts y ERC por la intervención de la Comisión.

Efectivamente, la Ley de Amnistía española, de cuyo destino final no es posible hablar todavía, es merecedora de entrar en los anales de la historia del derecho, pero no por su ejemplaridad. Dejo de lado cuestiones de mucho atractivo popular, como la rumoreada extensión de la gracia a los hijos del Sr. Pujol y a otros personajes del firmamento independentista que nada tienen que ver con los hechos que se dice motivan la amnistía, especialmente la falsa "pacificación" de Cataluña, que sigue abierta en canal como sabemos los que allí vivimos. El único hecho relevante es la necesidad del Sr. Sánchez de contar con los siete votos de Puigdemont. Todos esos aspectos del problema, siendo muy graves, son simplemente una obscenidad jurídica que ayudará a la entrada de España en el Tercer Mundo del Derecho.

Dejo también fuera de consideración la rápida advertencia de cualificados voceros independentistas, de acreditada fama en la comisión de errores, según los cuales esta ley es solo el primer hito en el camino que ha de conducir necesariamente a la autodeterminación y al ingreso de Cataluña en la UE como Estado soberano (declaraciones de la tarde del 7 de marzo de 2024), sin olvidar la exigencia de devolución de la "deuda histórica" de España con Cataluña, y el rosario de patéticas reclamaciones independentistas carentes del más vago fundamento. Tampoco eso ha de quitar el sueño a nadie sensato, incluso asumiendo que el reclamado referéndum puede ser aceptado por el PSOE, o, mejor, por sus actuales mandamases, con Sánchez al frente, si con ello alargan unos meses el disfrute de la "feliz gobernación".

La Ley de Amnistía tiene la extraña virtud de ser más absurda e impresentable jurídicamente conforme se va "retocando", y los argumentos que se enhebran en su defensa, cada vez más incomprensibles. El solo hecho de que se trata de........

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