Decía Ortega y Gasset que "la verdad es la primera condición de la vida pública", y pocas veces ha sido tan necesaria como ahora, cuando se persigue a quienes la difunden y se manipula el debate para acabar defendiendo, no a quienes sostienen el país con su trabajo, sino a quienes esquilman lo público y extraen beneficios sin aportar al erario público lo que les correspondería. Se trastoca el sentido común: se criminaliza a quien denuncia desigualdades y se protege a quienes las agravan. Por eso conviene recordar algo elemental: la vida de un país depende de la vida de su clase trabajadora. Si se degrada su salario, se degrada el país; si se dignifican sus condiciones, se fortalece la democracia.

También en el debate salarial se falta a la verdad. Cuando una empresa gasta en máquinas o inteligencia artificial, todos lo llaman "inversión", pero cuando se propone mejorar la retribución de quienes sostienen el tejido productivo, se habla de "costes". Esa distorsión deshumaniza a la empresa y reduce a las personas a cargas empresariales. La verdad es otra: subir el Salario Mínimo Interprofesional es invertir en vida, en dignidad y en productividad, no un gesto accesorio.

Que suba la menor de las retribuciones transforma de inmediato la realidad de quienes menos tienen, sobre todo

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