El debate sobre la "prioridad nacional" ha llegado a España como en su día llegó la salsa bechamel: con retraso y con mucho potencial para hacer croquetas. Pero es una idea francesa sobre la que giraron algunos de los debates políticos e ideológicos más apasionados de las últimas décadas. En París, y en media Europa, ya ha perdido el brillo de la novedad y la sonoridad de estallido que generan los tabúes cuando se hacen añicos.

El Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen construyó todo su programa político desde los años 60 alrededor de lo que entonces se llamaba "preferencia nacional", un concepto nativista que quienes lo pronunciaban no hacían demasiados esfuerzos en maquillar. La idea se mantuvo como centro de la campaña con la que hicieron historia en el año 2002, logrando llegar por primera vez a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, aunque sin ninguna posibilidad de ganar.

Como explica en su libro el politólogo Guillermo Fernández, los debates que se produjeron aquellos años en Francia son muy parecidos a los que estamos teniendo estos días aquí. Se discutía si la "preferencia nacional" era compatible con una Constitución liberal, si era moralmente aceptable y si tenía encaje ético con la tradición política francesa. Fue una pelea recurrente durante al menos dos décadas, en las que otros partidos conservadores también crearon versiones light de la receta original para estómagos delicados.

Cuando Marine Le Pen asumió el liderazgo en enero de 2011, el mensaje se modernizó para alcanzar públicos más amplios. Se trataba de ampliar la base y romper el cinturón sanitario al que les condenaba a la oposición. A partir de los años 2012 y 2013 el discurso mutó y la barrera étnica empezó a matizarse. Con la intención de sacudirse las connotaciones racistas del pasado, le cambiaron el nombre al concepto y lo envolvieron con una jerga algo más tecnocrática. Se dejó de hablar de "preferencia nacional" y se pasó a llamar "prioridad nacional". Algo parecido a lo que se hizo en 2018 con el nombre del partido, que pasó de Frente Nacional a Agrupación Nacional. Un pequeño matiz. Suficiente.

Ya no se trataba de negar derechos a los inmigrantes, sino de priorizar a los ciudadanos nacionales para afrontar los problemas estructurales de Francia. Ante la escasez, tocaba elegir a quien es necesario ayudar y a quién se deja fuera. Poco a poco, y sobre todo a partir de 2017, la idea dejó de caldear el debate y fue relegándose a un segundo plano. Hoy todas las encuestas indican que más de la mitad de los franceses están de acuerdo con la "prioridad nacional", concepto que abraza también la derecha tradicional de Les Républicains.

Pero de la larguísima experiencia francesa, y sus ramificaciones por el continente, se pueden sacar conclusiones. La primera es que las distinciones entre "nacionales" e "inmigrantes" tardan en aclararse. Y no siempre se explica donde sitúan la barrera de la exclusión. Esta ambigüedad calculada permite adaptar el concepto al auditorio y/o situarse en el limbo de las ideas políticas que no tienen una aplicación compatible con la Constitución.

Jean-Marie Le Pen nunca dejó claro a quién quería dejar fuera cuando establecía su "preferencia nacional", pero se sobreentendía que los únicos nacionales eran los franceses blancos, los français de souche. La versión 2.0, la de su hija, parecía extender el perímetro a todos aquellos que puedan presentar un pasaporte francés, sin importar su religión u origen. Pero esto quiere decir que un musulmán de padres argelinos podría tener prioridad sobre un ucraniano, un polaco o un español.

Casi siempre está sujeto a interpretaciones, como todo lo que puede leerse bajo el epígrafe de "prioridad nacional" que aparece en el programa de Vox para las elecciones de Castilla y León. La ambigüedad confunde incluso a los propios dirigentes del partido, como le pasó esta semana al portavoz en Cataluña, Joan Garriga, quien afirmó que "es español el nacido de padre y madre española", una definición bastante diferente a la que establece el Código Civil.

Un simple vistazo a las cifras demográficas ayuda a entender por qué resulta vital aclarar la confusión. Alrededor del 15 por ciento de la población ya es extranjera, cifra que sube por encima del 20 por ciento si incluimos a los nacidos fuera de España que ya tienen pasaporte español. Se estima, además, que el 30 por ciento de los menores de tres años tienen al menos un progenitor nacido en el extranjero. Y que en una de cada tres bodas que se celebran en el país, al menos uno de los cónyuges ha nacido fuera de España.

Por eso las preguntas básicas son tan difíciles como importantes de responder. ¿La prioridad nacional excluye sólo a los extranjeros sin papeles? ¿También a los extranjeros con papeles? ¿Y a los ciudadanos de la Unión Europea que no tengan la nacionalidad? ¿Da igual cuál sea su origen? ¿Y qué pasa con los cónyuges extranjeros de ciudadanos españoles? ¿Y a los hijos nacidos en España de parejas inmigrantes?

En los discursos de Vox se mezclan a menudo estas ideas, dependiendo del orador y del público. A veces se da a entender que los inmigrantes llegados de Latinoamérica son bienvenidos por sus lazos históricos, otras se juega con la idea de marginar o deportar incluso a las "segundas generaciones", como ha defendido en varias ocasiones Rocío de Meer. ¿Acaso se refiere solo a los musulmanes? ¿A los africanos? ¿A todos los que no tengan orígenes europeos como ella misma o como Herman Tertsch?

Esto nos traslada a otra receta que está entrando en España y que se parece más al quiche lorraine, un plato francés popular en Alemania. Se trata de la remigración. En la versión de Vox se utiliza para proponer una repatriación de los inmigrantes que, por ejemplo, "viven del esfuerzo ajeno" o que presentan una "incompatibilidad cultural", sin aclarar qué baremos objetivos se utilizan para determinarlo. El término, en su definición más ortodoxa, supone un plan de limpieza de los censos que permita recuperar la "identidad nacional". Y se usa para elevar la apuesta frente a la deportación estándar, la asociada a la irregularidad o la delincuencia.

Pero la clave aquí es nuevamente la ambigüedad. ¿Quién debería remigrar? ¿Con qué leyes o política se pretende lograr? El concepto original, el francés, está relacionado con las teorías del "gran reemplazo" y parte del argumento de que no basta con frenar la llegada de nuevos inmigrantes, sino que es necesario que muchos de los que ya están aquí regresen a sus países de origen o se marchen allá donde los acojan mejor. Mediante deportaciones directas o haciendo sus vidas tan difíciles que no les quede más remedio que huir, como sucede con cientos de miles de personas hoy en Estados Unidos.

En Alemania, la remigración fue considerada en 2023 la "mala palabra del año" y ha despertado pasiones que parecían enterradas. En noviembre de 2023, una investigación de Correctiv filtró una reunión secreta en una villa cerca de Potsdam donde un grupo de políticos, casi todos de Alternativa por Alemania (AfD), habría dibujado un "plan maestro" de remigración. Y ya no es un movimiento minoritario, sino el primer partido en intención de voto.

La ambigüedad alemana es todavía más exagerada porque allí sigue abierto el debate sobre su ilegalización, una opción que recoge la Constitución aprobada tras la derrota del nazismo, que se hizo con un carácter "defensivo" o "militante" (según su propia definición) para evitar que se repita la historia. En sus discursos, aún así, algunos líderes de AfD deslizan regularmente la idea de remigrar a los "no asimilados", a personas con pasaporte alemán que, según su criterio, no comparten los "valores alemanes". Se sobreentiende que están hablando de los 5,5 millones de musulmanes de Alemania, algo más del 6% de la población. Por ahora.

Casi todas estas ideas se sitúan fuera del marco de las constituciones liberales, y son incompatibles con los principios de la Unión Europea. Pero eso no debería hacernos despreciar su importancia. El mundo está cambiando muy rápido y los debates del presente van a moldear las normas del futuro. Tampoco deberíamos tolerar la ambigüedad de los partidos políticos que se niegan a desgranar los detalles sobre asuntos tan serios cómo dónde quieren situar la barrera de exclusión, qué cambios constitucionales requeriría, qué significa en términos prácticos, etcétera.

La transparencia del debate migratorio, algo que hemos reclamado en esta columna más de una vez, tiene que entenderse en ambos sentidos. Solo cuando aclaren a cuántos millones de personas queremos excluir, seremos capaces de presentar la factura económica, social y moral.

© El Confidencial