La campaña para las elecciones generales del 12 de abril de 2026 ha comenzado y, como es habitual, el debate público empieza a inundarse de promesas grandilocuentes. Candidatos a la Cámara de Diputados y al Senado ofrecen soluciones inmediatas a problemas complejos, aun cuando muchas de sus propuestas resultan abiertamente incompatibles con las funciones que la Constitución les asigna.

No faltan postulantes al Senado que, en plenos actos de proselitismo, ofrecen elaborar proyectos de ley para erradicar la corrupción o reformar el sistema de justicia. Otros, incluso, proponen iniciativas legislativas dirigidas a modificar sustancialmente las leyes orgánicas del Ministerio Público y demás entidades del sector. Lo cierto es que ninguna de estas promesas es viable, lo que refleja una ignorancia supina por parte de quienes aspiran a cargos de tal envergadura.

En efecto, de conformidad con la reciente reforma constitucional, el artículo 102-A establece con claridad las atribuciones del Senado. Resulta evidente que quienes ocupen una curul en dicha cámara no tendrán iniciativa legislativa; es decir, no podrán elaborar proyectos de ley. Su........

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