En agosto pasado, y como parte de la agenda de seguridad del Gobierno, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) implementó una medida contra el fraude. La solución parecía sencilla: obligar a que todas las comunicaciones derivadas de una relación contractual con el consumidor utilizaran el prefijo 600 y las llamadas no solicitadas (televenta) se identificaran con el prefijo 809. Sin embargo, la Subtel extendió erróneamente esta obligación a la cobranza extrajudicial, pese a tratarse de una actividad regulada por otras leyes y supervisores, imponiendo el uso del prefijo 600.

Con esto, la Subtel igualó simbólicamente a la cobranza extrajudicial con el spam. La trató como una intrusión,........

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