Por: Alfonso Vélez Jaramillo

Cómo es posible que entre 2019 y 2022 hayan prescrito en Colombia cada año 6.000 procesos por la extinción de la acción penal.

La situación es vergonzosa y no tiene presentación, con toda la plata que se invierte del presupuesto nacional cada vigencia para sostener la administración de justicia, en óptimas condiciones. Y no trato de ofender a los operadores judiciales, es un llamado al Gobierno, al Ministerio de Justicia, a la Fiscalía, y a los demás organismos de control, como el Ministerio público y la Contraloría.

Estas entidades deben buscar la optimización de los recursos, que cooperen y se modernice la justicia de manera armónica y sincronizada, porque es para todos. Y como aceptar, que igualmente en nuestro país la duración de un proceso contencioso pueda ser de hasta 12 años, teniendo en cuenta que los colombianos somos signatarios de una Constitución política basada en principios.

Nuestro principio fundamental es el Estado Social de Derecho, que irradia la carta magna y propugna por la búsqueda de la verdad, la justicia, la igualdad y en esencia, una pronta y cumplida administración de justicia y los........

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